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El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha tildado de desleal a la Policía Nacional y a los servicios de información del Estado a raíz del atentado de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y ha concluido: «Por culpa de esta deslealtad no sabemos si no hemos podido evitar un atentado y muchos muertos».
Lo ha dicho en una entrevista de Elnacional.cat recogida por Europa Press, al preguntársele por los contactos que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pudo tener con el imán de Ripoll, que ejerció como confidente y que después estuvo después involucrado en el atentado de agosto.
«¿Está garantizada la seguridad de los catalanes en manos de estos servicios de información y de esta policía española? ¿No la garantizarían mejor los Mossos d'Esquadra que hoy están intervenidos?», se ha preguntado el candidato de JuntsxCat a las elecciones de diciembre.
Puigdemont ha considerado que el mayor de los Mossos durante los atentados, Josep Lluís Trapero, y el conseller de Interior cesado, Joaquim Forn, fueron los responsables de neutralizar la amenaza yihadista y ha lamentado que el primero está «defenestrado» y el segundo en la cárcel.
«Esto hace crear muchas desconfianzas con el sistema de seguridad español. No son leales», ha concluido el presidente cesado, que ha asegurado que los catalanes tienen derecho a preguntarse si el CNI o la Policía Nacional les están escondiendo algo.
Puigdemont asegura que en agosto ya se «olía» que el iman de Ripoll tenía contactos con el CNI, pero añade que no podían aportar pruebas y que, si lo hubieran dicho, el Estado les hubiera acusado de mentir.
«Pero era evidente. Y se ha demostrado. ¿Qué se demostrará de aquí a tres meses sobre la 'Operación Catalunya'? Yo, por si acaso, recomendaría a la gente que fuera muy prudente a la hora de creerse según qué versiones del Estado», ha concluido.
También ha censurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiera la semana pasada que las empresas no se vayan de Cataluña y que, las que lo hayan hecho, vuelvan, y le ha acusado de ser «el autor intelectual y material» de esta fuga de compañías.
El presidente cesado ha acusado a Rajoy de «facilitar de manera ilegal el traslado de empresas» con el decreto que aprobó el Gobierno central tras la celebración del referéndum.